AGUA

Iberoamérica enfrenta innumerables desafíos asociados al gobierno y la gestión equitativa y sostenible del agua, lo que hace prioritario plantear lineamientos para el diseño de nuevas políticas públicas encaminadas a garantizar el abasto sostenible a quienes aún padecen un déficit, no sólo en cantidad sino en la calidad necesaria para el consumo humano, así como para el sostenimiento de las actividades productivas que son fundamentales para el desarrollo socioeconómico de las sociedades.

 

La escasez de agua en algunas zonas de la región es generalmente fuente de conflictos entre sectores y usuarios, lo que recrudece las desigualdades estructurales cualitativas existentes y en muchos casos es fuente de injusticias.

 

Aunque los países de Iberoamérica presentan coberturas de agua potable y saneamiento relativamente altas para sus poblaciones urbanas, las coberturas actuales indican que aún quedan 31 millones de personas, de las cuales 20 millones residen en las áreas rurales, que no cuentan con acceso a una fuente de agua potable mejorada, y casi 107 millones que no cuentan con instalaciones higiénicas para evacuar sus excretas, de las que 45 millones residen en las áreas rurales (CAF-BID, 2015).

 

Además, menos de 30% de las aguas residuales reciben tratamiento, muchas veces deficiente, lo que provoca que cada año mueran 34 de cada 1,000 niños por enfermedades asociadas al agua, tanto por lo que toca a deficiencias en el acceso o suministro de agua, como lo correspondiente a la defecación al aire libre.

 

Así, la región requiere garantizar la cobertura en el servicio, eliminando las inequidades, mejorando la calidad y eficiencia de los servicios de abasto y saneamiento, a través de un financiamiento para que la infraestructura sea suficiente para la universalización del derecho a este vital líquido.

 

Una nueva planeación hídrica debe ser reconocida como un proceso amplio de reforma en el que se requiere trabajar de manera puntual desde la identificación de los ajustes hasta el monitoreo de resultados. De lo contrario, es de esperarse la profundización de la crisis del agua.

 

Las demandas y aspiraciones legítimas de contar con mejores servicios públicos constituyen un desafío adicional para los Estados en su ruta para hacer realidad el derecho humano al agua y al saneamiento básico.

 

La  Agenda Ciudadana tiene como objetivo contribuir, dentro del contexto de una visión Iberoamericana, a clarificar la problemática relacionada con el gobierno y gestión del agua, trazar recomendaciones para una nueva política del agua a partir del diálogo inter y transdisciplinario que surja no solo entre expertos, sino también entre éstos y la ciudadanía que experimenta en carne propia el reto.

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Claudio Estrada Gasca

Director del Centro de Investigación en Energía de la UNAM

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Iberoamérica enfrenta innumerables desafíos asociados al gobierno y la gestión equitativa y sostenible del agua, lo que hace prioritario plantear lineamientos para el diseño de nuevas políticas públicas encaminadas a garantizar el abasto sostenible a quienes aún padecen un déficit, no sólo en cantidad sino en la calidad necesaria para el consumo humano, así como para el sostenimiento de las actividades productivas que son fundamentales para el desarrollo socioeconómico de las sociedades.

 

La escasez de agua en algunas zonas de la región es generalmente fuente de conflictos entre sectores y usuarios, lo que recrudece las desigualdades estructurales cualitativas existentes y en muchos casos es fuente de injusticias.

 

Aunque los países de Iberoamérica presentan coberturas de agua potable y saneamiento relativamente altas para sus poblaciones urbanas, las coberturas actuales indican que aún quedan 31 millones de personas, de las cuales 20 millones residen en las áreas rurales, que no cuentan con acceso a una fuente de agua potable mejorada, y casi 107 millones que no cuentan con instalaciones higiénicas para evacuar sus excretas, de las que 45 millones residen en las áreas rurales (CAF-BID, 2015).

 

Además, menos de 30% de las aguas residuales reciben tratamiento, muchas veces deficiente, lo que provoca que cada año mueran 34 de cada 1,000 niños por enfermedades asociadas al agua, tanto por lo que toca a deficiencias en el acceso o suministro de agua, como lo correspondiente a la defecación al aire libre.

Así, la región requiere garantizar la cobertura en el servicio, eliminando las inequidades, mejorando la calidad y eficiencia de los servicios de abasto y saneamiento, a través de un financiamiento para que la infraestructura sea suficiente para la universalización del derecho a este vital líquido.

 

Una nueva planeación hídrica debe ser reconocida como un proceso amplio de reforma en el que se requiere trabajar de manera puntual desde la identificación de los ajustes hasta el monitoreo de resultados. De lo contrario, es de esperarse la profundización de la crisis del agua.

 

Las demandas y aspiraciones legítimas de contar con mejores servicios públicos constituyen un desafío adicional para los Estados en su ruta para hacer realidad el derecho humano al agua y al saneamiento básico.

 

La  Agenda Ciudadana tiene como objetivo contribuir, dentro del contexto de una visión Iberoamericana, a clarificar la problemática relacionada con el gobierno y gestión del agua, trazar recomendaciones para una nueva política del agua a partir del diálogo inter y transdisciplinario que surja no solo entre expertos, sino también entre éstos y la ciudadanía que experimenta en carne propia el reto.